Crecer con dolor

El juguete que un niño disfruta en cualquier lugar del mundo es producto, muchas veces, del esfuerzo de otro niño, que no conoce de juegos y por el que le han pagado unas miserables monedas. Quince millones de menores en América latina están obligados a trabajar para poder comer y la situación es aún peor en Asia y Africa. Esta realidad ha motivado la declaración, por parte de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), del Día Internacional Contra el Trabajo Infantil, que se conmemoró el 12 de junio.

En la Argentina, 1.500.000 niños y niñas de entre 5 y 14 años trabajan; de ellos, 1.232.852 lo hacen en las ciudades y 217.074 en el campo. Estas cifras representan el 22,2% del total de la población infantil, aunque es probable que el número sea mayor, ya que no se contabiliza el trabajo doméstico que -particularmente las niñas- realizan en sus hogares, cocinando o cuidando de sus hermanitos/as menores, cuando sus progenitores deben concurrir al trabajo, en el mejor de los casos, o a hacerse “una changuita”.

La OIT, a través del convenio 138, establece los 15 años como edad mínima para acceder al mercado laboral. Las cifras mencionadas indican que estamos bastante lejos de alcanzar el nivel propuesto.

Según diferentes estudios, trabajan más varones que niñas y éstas, a su vez, lo hacen durante más horas, ya que generalmente se desempeñan como empleadas domésticas en largas jornadas o a la actividad laboral externa agregan -como en el caso de las mujeres adultas- las labores hogareñas cuando sus padres se hallan fuera de la casa.

Nadie pone en duda que la situación de trabajo desde muy temprana edad es perjudicial para el normal desarrollo de niños y niñas. Si trabajan en el campo deben afrontar el peligro del contacto con sustancias químicas tóxicas o pesos excesivos cuando aún están en pleno proceso de formación. En las grandes urbes se enfrentan a posibles riesgos de abuso o prostitución y conviven también con elementos contaminantes en su permanente relación con la basura.

La realidad de un 75% de menores de 18 años pertenecientes a hogares pobres o indigentes es un dato a tener en cuenta a la hora de analizar el fenómeno del trabajo infantil en nuestro país. De lo contrario, podemos terminar criminalizando la pobreza, porque son muchísimos los niños considerados trabajadores que lo hacen junto a todos los miembros de la familia. ¿Quién no ha visto el carrito de ciruja con grandes y chicos por las calles de nuestra ciudad? ¿Quién no ha registrado a mujeres con sus bebés en la peatonal mendigando una moneda? ¿A quién no le golpean la puerta niños y niñas vendiendo bolsitas, palitos de la ropa o simplemente rogando por algo para comer?

Resulta fácil desde la comodidad de una oficina o una casa calefaccionada criticar a aquellos padres que “mandan a sus hijos a pedir”. Pero cuando el hambre golpea fuerte no deben quedar muchos resquicios para análisis éticos.

La pobreza profunda es la principal causa del trabajo infantil. Pero, en el otro extremo, también existe la impunidad de sectores sociales bien posicionados que aprovechan esta situación para conseguir ventajas económicas -mano de obra barata o semiesclava- o, peor aún, para demandar placer a costa del sufrimiento de chicos obligados a prostituirse.

La responsabilidad recae sobre el Estado. Un Estado que tiene el compromiso ineludible de respetar y garantizar los derechos humanos básicos con el máximo de sus recursos. De ahí que resulta interesante, respecto del debate que se ha instalado desde tiempo atrás sobre la deuda externa y el pago a quienes tuvieron la opción de elegir cómo disponer de su dinero para obtener ganancias, no olvidar que antes del compromiso de pagar a nuestros acreedores existe, por pactos internacionales suscriptos -e incorporados a nuestra Constitución nacional-, el deber de asegurar derechos humanos inherentes a todas las personas.

De ahí la necesidad imperiosa de diseñar políticas públicas que refuercen la posibilidad de las familias argentinas (cualquiera sea su conformación) de un salario mínimo que garantice su subsistencia sin necesidad de recurrir al trabajo de niños y niñas. Y, por lo menos, en caso de que deban aportar a la economía familiar, que lo efectúen en condiciones que no amenacen su integridad física y psíquica, teniendo como premisa básica su escolaridad y el ejercicio del derecho al juego.

Al mismo tiempo, la sociedad en su conjunto debe hacerse cargo de las profundas diferencias que tolera y de la naturalización de prácticas que vulneran los derechos de niños y niñas.

Y, finalmente, las familias debidamente apoyadas deben asumir la responsabilidad que significa dar una vida digna a quienes han decidido traer al mundo.

Carlos A. Bermúdez

Diario La Capital – 17/06/2004 | Opinión.

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